miércoles, 17 de diciembre de 2014
Alocución del Presidente de la República de Cuba, General de Ejercito Raúl Castro el 17 de Diciembre de 2014
Compatriotas:
Desde
mi elección como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, he
reiterado en múltiples ocasiones, nuestra disposición a sostener con el
gobierno de los Estados Unidos un diálogo respetuoso, basado en la igualdad
soberana, para tratar los más diversos temas de forma recíproca, sin menoscabo
a la independencia nacional y la autodeterminación de nuestro pueblo.
Esta es una posición que fue expresada al
Gobierno de Estados Unidos, de forma pública y privada, por el compañero Fidel
en diferentes momentos de nuestra larga lucha, con el planteamiento de discutir
y resolver las diferencias mediante negociaciones, sin renunciar a uno solo de
nuestros principios.
El heroico pueblo cubano ha demostrado,
frente a grandes peligros, agresiones, adversidades y sacrificios, que es y
será fiel a nuestros ideales de independencia y justicia social. Estrechamente
unidos en estos 56 años de Revolución, hemos guardado profunda lealtad a los
que cayeron defendiendo esos principios desde el inicio de nuestras guerras de
independencia en 1868.
Ahora, llevamos adelante, pese a las
dificultades, la actualización de nuestro modelo económico para construir un
socialismo próspero e sostenible.
Resultado de un diálogo al más alto nivel,
que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el Presidente
Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés
para ambas naciones.
Como prometió Fidel, en junio del 2001,
cuando dijo: ¡Volverán!, arribaron hoy a nuestra Patria, Gerardo, Ramón y Antonio.
La enorme alegría de sus familiares y de
todo nuestro pueblo, que se movilizó infatigablemente con ese objetivo, se
extiende entre los cientos de comités y grupos de solidaridad; los gobiernos,
parlamentos, organizaciones, instituciones y personalidades que durante estos
16 años reclamaron e hicieron denodados esfuerzos por su liberación. A todos
ellos expresamos la más profunda gratitud y compromiso.
Esta decisión del Presidente Obama, merece
el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo.
Quiero agradecer y reconocer el apoyo del
Vaticano, y especialmente, del Papa Francisco, al mejoramiento de las
relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Igualmente, al Gobierno de Canadá por
las facilidades creadas para la realización del diálogo de alto nivel entre los
dos países.
A su vez, decidimos excarcelar y enviar a
Estados Unidos a un espía de origen cubano que estuvo al servicio de esa
nación.
Por otra parte, basados en razones
humanitarias, hoy también fue devuelto a su país el ciudadano norteamericano
Alan Gross.
De manera unilateral, como es nuestra
práctica y en estricto apego a nuestro ordenamiento legal, han recibido
beneficios penales los reclusos correspondientes, incluida la excarcelación de
personas sobre las que el Gobierno de los Estados Unidos había mostrado
interés.
Igualmente, hemos acordado el
restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Esto no quiere decir que lo principal se
haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes
daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar.
Aunque las medidas del bloqueo han sido
convertidas en Ley, el Presidente de los Estados Unidos puede modificar su
aplicación en uso de sus facultades ejecutivas.
Proponemos al Gobierno de los Estados
Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia
la normalización de los vínculos entre nuestros países, basados en los
principios del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
Cuba reitera su disposición a sostener
cooperación en los organismos multilaterales, como la Organización de Naciones
Unidas.
Al reconocer que tenemos profundas
diferencias, fundamentalmente en materia de soberanía nacional, democracia,
derechos humanos y política exterior, reafirmo nuestra voluntad de dialogar sobre
todos esos temas.
Exhorto al Gobierno de los Estados
Unidos a remover los obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre
nuestros pueblos, las familias y los ciudadanos de ambos países, en particular
los relativos a los viajes, el correo postal directo y las telecomunicaciones.
Los progresos alcanzados en los
intercambios sostenidos demuestran que es posible encontrar solución a muchos
problemas.
Como hemos repetido, debemos aprender el
arte de convivir, de forma civilizada, con nuestras diferencias.
Sobre estos importantes temas volveremos a
hablar más adelante.
Muchas gracias.
Los Cinco cubanos, ¡LIBRES!
Los Cinco cubanos, ¡LIBRES! Raúl Castro hablará al
país
Aún sin
confirmación oficial, fuentes cercanas al Gobierno cubano han confirmado a
Cubainformación TV que los Gobiernos de EEUU y Cuba han llegado a un acuerdo
humanitario por el que los tres antiterroristas presos en EEUU serán canjerados
en las próximas horas por el agente norteamericano preso en La Habana Alan
Gross. La Isla de Cuba se despierta con una de las noticias más esperadas en
los últimos 16 años. Antonio Guerrero Rodríguez, Gerardo Hernández Nordelo y
Ramón Labañino Salazar son los tres hombres que aún quedaban presos del grupo
de Los Cinco Héroes, tras la liberación, hace un tiempo -tras cumplir su pena
íntegra- de René González Sehwerert y Fernando González Llort.
Comparecerá Raúl
en la radio y tv este mediodía para hablar sobre relaciones con EE.UU
Cubadebate.- El
General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, se dirigirá a nuestro pueblo, y a la opinión pública internacional
este miércoles 17 de diciembre en horas del mediodía, para realizar un importante
anuncio acerca de las relaciones con Estados Unidos.
A las 12:00
horas, la televisión y la radio cubanas trasmitirán en cadena nacional la
alocución del Presidente, que será difundida por Cubavisión Internacional,
Radio Habana Cuba y los sitios digitales de los medios de comunicación masivos
de la isla.
Obama tiene potestad para liberar a los tres cubanos presos en EEUU
Por: José Pertierra
La Constitución de los Estados Unidos ofrece al
Presidente potestad jurídica independiente para decidir asuntos de relaciones
exteriores del país. Es decir, sin tener que depender del Congreso. Incluso la
Corte Suprema de los Estados Unidos ha dictaminado que el ámbito de las
relaciones exteriores del país le incumbe al Presidente Navy v. Egan, 484 US
518, (1988). El caso más celebre que establece precedente es United States v.
Curtiss-Wright Export Corp., 299 U.S. 304 (1936), decidido por la Corte Suprema en 1936, que le
otorga al Presidente poderes plenos sobre relaciones exteriores, sin depender
necesariamente de que el Congreso se los haya
delegado.
Esta
autorización presidencial también rige en ciertos asuntos domésticos. Lo
hemos visto más claramente en el área de inmigración en las últimas semanas.
Para escudarse
de la presión política y eludir lo que deberían hacer en ese momento, los presidentes
de los Estados Unidos (o sus voceros oficiales) históricamente han dicho que
tienen las manos atadas. Sea por el Congreso o por los tribunales. Por
ejemplo, que no pueden cerrar la prisión en Guantánamo sin que el Congreso
apruebe cierta legislación, o que no pueden levantar el bloqueo porque la Ley Helms-Burton lo codificó.
Pero la
Constitución de los Estados Unidos les da potestad jurídica y política a los
Presidentes para hacer un sinfín de cosas. Las últimas semanas ofrecen
evidencias de lapotestad
presidencial para darle de lado al Congreso y autorizar que 5 millones de
indocumentados logren una protección legal, un permiso de trabajo y además que puedan solicitar
anuencias para entrar y salir de los Estados Unidos. El Presidente Obama
afirmó en varias ocasiones, durante los seis años que lleva como Presidente,
que no podía amparar a los indocumentados, porque solamente el Congreso tenía
esa potestad jurídica. No lo podía hacer hasta que lo hizo.
Pasa lo mismo
con el bloqueo. Obama no puede levantarlo (dice que porque Helms Burton no se lo
permite), hasta que lo haga. O con los Cinco. No puede liberar a los tres que
aún quedan retenidos en Estados Unidos (porque fueron condenados por un
tribunal), hasta que lo haga.
El ejemplo migratorio
Quisiera detenerme brevemente en la
fundamentación legal que la propia Casa Blanca ha esgrimido en varias
coyunturas políticas, para argumentar la potestad de Presidente en momentos en
que ha actuado con discreción presidencial frente al tema migratorio. Es como
un mapa de lo que puede hacer sobre las relaciones Cuba-EEUU y sobre la
liberación de los tres compañeros que siguen presos allá.
En un memo publicado el 19 de noviembre de 2014, día en que el Presidente firmó su
directriz sobre la Acción Diferida para más de 5 millones de indocumentados, la
Casa Blanca dijo que la Constitución le confiere al Presidente la discreción
para implementar las leyes de inmigración.
La Casa Blanca
reconoció entonces que el Congreso escribió la legislación que rige el campo
inmigratorio. Es el Congreso, quien definió quién califica para la
residencia, y quién es deportable del país. Sin embargo, el que está
encargado de aplicar estas leyes es el Ejecutivo a través del Departamento de
Seguridad Interna o a través del Departamento de Justicia.
La Casa Blanca
se aferra a ese hecho, de tal modo que en ese memo de noviembre escribe: “Generalmente,
cuando el Congreso le da potestad a una agencia del Ejecutivo para aplicar las
leyes, esa agencia (o ministerio) tiene la discreción para decidir si alguna
violación de la ley merece ser procesada o si la agencia debiese tomar alguna
acción policial”. La Casa Blanca más adelante asegura: “Esta discreción
está fundada en el deber constitucional del Presidente para encargarse de que
las leyes sean fielmente cumplidas” (U.S. Const. art. II, § 3).
Esto, dice el
memo de la Casa Blanca, “refleja un reconocimiento de que la ‘fiel’ aplicación
de la ley no necesariamente requiere una acción contra cada violación técnica
de la ley” Heckler v. Chaney, 470 U.S.
821, 831 (1985). La Casa Blanca entonces hace referencia a la Corte Suprema, y
recuerda que fue esta la que dictaminó que la decisión de aplicar ciertas leyes
es algo discrecional y requiere que el Ejecutivo balancee ciertos factores,
incluyendo las prioridades gubernamentales.
La discreción
ejecutiva, por supuesto, tiene límites. En el caso de inmigración, el
Presidente no puede decretar una amnistía general a los 11 millones de
indocumentados. Tiene que hacer, tal y como hizo, un argumento
razonable de por qué ciertos grupos de indocumentados estarán protegidos. Por ejemplo, los padres de niños ciudadanos
o residentes —siempre y cuando estos padres no tengan antecedentes penales
serios y pueden probar que llevan más de cinco años viviendo en los Estados
Unidos. El Presidente tiene que
balancear su poder contra el poder del Congreso y el poder de los tribunales.
Incluso la Corte
Suprema de los Estados Unidos ha señalado cuatro puntos cardinales sobre la
discreción del Ejecutivo para aplicar las leyes penales del país Heckler v. Chaney, 470 U.S. 821 (1985). Estos puntos son:
(1)
El primero es que la decisión debe caer dentro del marco de la
experticia de la agencia que aplicaría la ley, para poder decidir si los
recursos debiesen ser utilizados para sancionar a algunos y quizás a otros no.
También el Ejecutivo tiene la discreción para encajar sus decisiones en
el contexto de las prioridades de “policy” nacional o local.
(2)
El Ejecutivo no puede utilizar su discreción para reescribir las leyes.
Eso le corresponde al Legislativo —al Congreso.
(3) El Ejecutivo no puede implementar
una política tan extrema que salga de los parámetros de los que el Congreso ha
legislado.
(4) Este último punto que hace la
Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la discreción ejecutivo es muy
interesante en términos del caso de los Cinco: “Las decisiones de no
aplicar sanciones por parte del Ejecutivo no son revisables por los tribunales
siempre y cuando sean decisiones casuísticas”. Es decir, por casos
individuales.
Decisión política
La decisión de los Estados Unidos de
acusar, encarcelar, procesar y eventualmente condenar a los Cinco fue una
decisión política del Ejecutivo. Sí, es cierto. Los Cinco violaron
ciertas leyes estadounidenses. Específicamente, no se inscribieron con el
Departamento de Justicia, en violación del Foreign Agents Registration Act
(FARA) como agentes de una potencia extranjera (Cuba). Eso es un delito.
Una felonía. Sabemos por qué no se inscribieron, pero el hecho es
que no lo hicieron.
Ahora bien.
El Presidente Clinton tenía la potestad, en su discreción constitucional,
para no sancionarlos por eso. A su vez, utilizó su discreción para
acusarlos de ser agentes de Cuba no inscritos en FARA, y también de acusarlos
de unos cargos ridículos que no tenían (ni tienen) base alguna: de conspirar
para cometer espionaje contra los Estados Unidos. Y en el caso de
Gerardo, de haber conspirado para cometer homicidio contra los pilotos de
Hermanos al Rescate, que murieron al ser derribadas sus avionetas durante una incursión
hacia Cuba.
Todos aquí
sabemos el resultado. Fueron condenados. Eso es un hecho.
Fueron procesados injustamente y por razones políticas en una ciudad
(Miami) donde hasta Santa Claus sería condenado, si antes de llegar a Miami
distribuye regalitos en La Habana. Ahora, ¿qué hacer?
Este es un caso
político que debiese tener una solución política. El Presidente Obama
puede, con un plumazo, liberarlos. Esto, pese a que han sido condenados
por un tribunal federal en Miami. Esto,
pese a cualquier oposición que presenten ciertos congresistas. Esto, pese
a cualquier oposición de los familiares de los que fallecieron en sus
avionetas, aquel 24 de febrero de 1996.
El Artículo II,
Sección 2 de la Constitución de EEUU, le otorga al Presidente el poder sin límites
para perdonar la condena o conmutarle la sentencia. La conmutación de una
sentencia, también conocida como clemencia ejecutiva, es diferente a un perdón
presidencial, porque no cancela la condena. Simplemente reduce el plazo
de encarcelación. Consecuentemente, es más fácil políticamente para un
Presidente conceder la clemencia ejecutiva que un perdón presidencial.
El Presidente
puede conmutar una sentencia a tal grado que pudiese decretar que el preso ha
estado encarcelado suficiente tiempo y debiese ser liberado. Puede
también condicionar la clemencia a que el preso sea deportado (si éste no es
ciudadano estadounidense).
Abogado de indultos
El Departamento de Justicia de los Estados
Unidos tiene un despacho, llamado “La Oficina del Abogado de Indultos”, que
asesora al Presidente en estos asuntos. Esa oficina realiza investigaciones
sobre el preso y las circunstancias del caso. Los abogados de la Oficina
de Indultos conversan con los presos que están considerando indultar o cuyas
sentencias podrían ser conmutadas efectivamente. Hablan también con los
familiares de los presos y con los amigos.
El abogado
principal, encargado de la Oficina de Indultos, se llama Ronald L. Rodgers.
Lo nombró Bush hijo para ese cargo en el año 2008 y Obama lo mantiene en
esa posición. Anteriormente, fue juez de los tribunales militares.
Bajo su cargo, las recomendaciones que hace ese despacho al Presidente
sobre los indultos y las clemencias, han caído precipitadamente en comparación
con administraciones precedentes.De acuerdo a
estadísticas publicadas por la propia Casa Blanca, durante los seis años de su presidencia
Barack Obama ha concedido solamente 52 indultos y 10 conmutaciones de
sentencia.
Rodgers ha sido
muy criticado durante los últimos años, y muchos han pedido que renuncie.
La Oficina del Inspector General de los Estados Unidos, en el año 2012,
emitió un informe sobre la conducta de Rodgers durante la revisión de la
petición de un indulto para un preso llamado Clarence Aaron. En ese informe, el Inspector General del Departamento de
Justicia dijo:
“La conducta del abogado de indultos,
Ronald L. Rodgers, estuvo substancialmente por debajo de los altos estándares
que se esperan de los empleados del Departamento de Justicia y de las cuentas
que tiene que rendirle al Presidente de los Estados Unidos”.
En otras
palabras, esta Oficina puede también empujar hacia una solución al caso de los
Cinco. Puede, pero aún cuando no haga su trabajo, no importa. A pesar del papel
que juega el abogado de la Oficina de Indultos, el Presidente no depende de las
recomendaciones de ese abogado. El Presidente puede tomar decisiones
sobre perdones y clemencias, sin tener que contar con el Departamento de
Justicia en lo absoluto.
Nueva iniciativa
El Departamento de Justicia anunció en
abril de este año una nueva iniciativa —a petición del Presidente Obama- para
indultar a los presos que han cumplido 10 años de su sentencia, que no tienen
un historial delictivo, que se caracterizan por buena conducta en la prisión,
que sus sentencias fueron impuestas bajo leyes anteriores más severas que las
presentes y que no han tenido un historial de violencia. Esta iniciativa comenzó en abril de 2014.
Los expertos
piensan que Obama estará mucho más activo en relación a indultos y clemencia,
porque se hará nota más como Presidente durante los últimos dos años de su
mandato… Quizás.
El trabajo más
importante sobre la clemencia ejecutiva es el estudio realizado por W. H.
Humbert en el año 1941: The Pardoning Power of the Presidency (Ver http://www.amazon.com/pardoning-president-Willard-Harrison-Humbert/dp/B0007EBMJM). Humbert identifica varias razones
argumentadas históricamente por los Presidentes para justificar los perdones y
las clemencias. La posible inocencia del preso o las sentencias
desproporcionadas que ellos hayan recibido. También, irregularidades que
ocurrieron durante el juicio y razones humanitarias. Todas ellas impactan en el
caso de los Cinco.
El Presidente
Wilson, por ejemplo, conmutó las sentencias de 52 personas que fueron
condenadas por haber violado, supuestamente, el Acta de Espionaje durante la
Primera Guerra Mundial. Socialistas, sindicalistas del IWW, y pacifistas
religiosos. La mejor explicación de por qué Wilson conmutó esas sentencias la
dio un oficial del Departamento de Justicia al New York Times, el 6 de marzo de
1919:
“Los presos eran
víctimas de las pasiones y los prejuicios que regían durante la guerra y
recibieron largas sentencias, desproporcionadas a los delitos supuestamente
cometidos”.
Muchas veces la
importancia de ciertos intereses vinculados a las relaciones exteriores del
país determinan el uso del poder presidencial de la clemencia ejecutiva.
Por ejemplo, en septiembre de 1979, unilateralmente, Estados Unidos
liberó a cuatro nacionalista puertorriqueños. Diez días después
Cuba realizó un gesto similar para liberar a unos contratistas de la CIA que
estaban presos aquí, incluyendo dos ciudadanos estadounidenses.
El Encargado de
Seguridad Nacional para el Presidente Carter, Zbigniew Brzenzinski, le dijo al
Presidente en un memo fechado 1979 que mantener a los puertorriqueños presos le
da más combustible a los críticos de la política de los Estados Unidos, y
Brzenzinski opinó que conmutarle las sentencias sería algo bienvenido e
interpretado como un gesto humanitario y de compasión. Le quitaría de la
agenda en Naciones Unidos y de otros foros internacionales el caso de los
boricuas, que cada año era utilizado por los enemigos de EEUU para criticar la
política estadounidense y el doble estándar en relación con los derechos
humanos. (Ver carta de Zbigniew Brzezinski a John R. Standish,
Pardon Attorney, for the Department of Justice. Páginas 267 y 268 del Volumen 2 deFuturos Alternos
(Documentos Secretos). Editado por Jaime Rodríguez Cancel y Juan Manuel García
Passalacqua, EMS, 2007. También, en http://jurist.law.pitt.edu/pardonspres1.htm).
Estamos claros
que los perdones y las clemencias no son fáciles, especialmente para los casos
políticos. Sin embargo, también estamos claros que cualquier cambio en
las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos tiene que pasar por el caso de
los Cinco. Obama ha dado varias señales de búsqueda de mejores relaciones
con Cuba. La Cumbre en Panamá se acerca. Cuba estará ahí. Parece que EEUU no se
la pierde. Alan Gross lleva cinco años preso en Cuba, y Obama tiene una gran
responsabilidad en este caso.
La última vez
que Alan Gross vino a Cuba como contratista de la USAID con un proyecto
clandestino de cambio de régimen fue en noviembre de 2009, bajo el mandato
presidencial de Barack Obama. Cayó preso en diciembre del mismo año.
Obama debiese leer el libro de Peter Kornbluh y Bill LeoGrande, Back
Channel to Cuba, en el cual
citan al Presidente Kennedy hablando de la necesidad que tienen para liberar a
los brigadistas de la 2506, presos en Cuba, después de su humillante derrota en
Playa Girón.
“Ellos confiaron
en mí y están presos ahora porque yo ‘fucked up’ (“la cagué”), le dijo Kennedy a uno de sus
asesores. Y añadió: “Tengo que sacarlos”. Obama también“fucked up” cuando su USAID mandó a Alan Gross a Cuba.
Por eso, Obama tiene la obligación de sacar a Alan Gross de la prisión en
Cuba, y sabe que las llaves de la cárcel en la que está Alan Gross están en sus
manos.
Con un gesto de
indultarlos o conmutarles las sentencias a Gerardo, Ramón y Tony, para que
regresen a Cuba, se abren las puertas para que Alan Gross regrese a los Estados
Unidos. Lo que dice la Ley y los antecedentes históricos es que algo así es
posible. O dicho más claramente: Obama, sí se puede.
Ponencia titulada originalmente “La
autoridad constitucional de ‘Clemencia Presidencial’: factibilidad para los
casos de Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Gerardo
Hernández.” Presentación del abogado José Pertierra en la XIII Edición de
la Serie de Conversaciones “Cuba en la Política Exterior de los Estados Unidos
de América”. Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), La
Habana, 15 de diciembre de 2014.
Crónica de una parodia anunciada
Por: René González
Sehwerert
27 de noviembre de 2000
Primer día del juicio. Comienza la parte visible que
sigue a los dos años de actividad “underground” en que el proceso ha avanzado
un buen trecho lejos del escrutinio público.
Se discute el calendario. El
trabajo será de lunes a viernes entre las 8:30 y la 1:30 pm. Vacaciones entre
el 20 de diciembre y el 2 de enero de 2001.
Los fiscales aducen que les
tomará un mes la presentación de su caso. La defensa calcula en 15 días su
refutación. Todos satisfechos de que el juicio dure hasta finales de febrero
antes de que comience la selección del jurado.
El primer grupo de potenciales
jurados llega a las 9:45. Todos de pie. La solemnidad hasta el detalle a falta
de esencia. Una explicación de lo que harán como jurados por parte de la jueza
antes de comenzar el interrogatorio o “voirdire” –decir la verdad- en que se
busca encontrar razones que les impidan servir de jurados: Problemas
personales, obligaciones, vínculos con alguna de las partes, entre otras
razones.
Llama la atención la cantidad
de personas que tienen vínculos con Hermanos al Rescate. Otra cosa interesante
es que más de la mitad ha sido víctima de delitos. Cada uno responde a un
cuestionario personal. Van siendo excusados los que por sus respuestas no se
consideran aptos para servir en el panel. A los que quedan se les instruye a no
leer noticias del caso, ni comentar con nadie sobre el mismo aunque sea su
conyugue o familiar cercano. Algo así como instalarse en la luna, pero en
Miami.
Al regreso del almuerzo ya los
familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate están dando un show frente al
edificio de la Corte. La Jueza tiene que pedir a los fiscales que paren el
espectáculo de sus ahijados. De paso la prensa –que ha sido vocero de la
fiscalía a través de cientos de artículos amarillos contra nosotros- ya está
merodeando a los posibles jurados. Un muestrario del grupo examinado en la
tarde, tomando un fragmento de mi diario:
“A las 2:50 entra otro grupo
de treinta y cuatro potenciales jurados y pasan por el mismo ritual que sufrió
el primer grupo. En este grupo hay un número mayor que alega problemas con el
calendario, un total de catorce. A la hora de las preguntas generales, hay más
reconocimientos por parte de los jurados:
. Dos personas han hecho
negocios con Basulto.
. Una tiene amistad con la
familia de Mario de la Peña.
. Dos tienen amistad con
Silvia Iriondo.
. Una conoce a Ramón Saúl
Sánchez.
. Dos conocen al periodista
Hank Tester, que yo he visto en actividades del Movimiento Democracia y que
aparece en la lista de posibles testigos.
Salimos medio muertos de la
Corte y entramos al piso alrededor de las 7 de la noche, en medio de los
aplausos y peticiones de autógrafos de los presos que habían visto la noticia
por la televisión. Y en este momento uno de ellos me acaba de decir que
nosotros somos celebridades porque no somos malandros como ellos. Me pidió un
autógrafo.”
Me son devueltas dos cartas
que había enviado a Olguita antes de que la deportaran, y que no recibió.
28 de noviembre de 2000
La Jueza comienza recordando a las partes que una decisión
suya anterior, a petición de la fiscalía, ordena a las partes que no pueden
hacer declaraciones públicas sobre el caso.
Sigue el ritual para
discriminar a los que no pueden hacer de jurados en el segundo grupo. Se van
diez de una propuesta inicial de 34. Unos por confesar su odio hacia los
acusados, otros porque enfrentarían represalias de sus patrones si se les
ocurre no declararlos culpables.
El tercer grupo es también de
34 y se aborda en la tarde. Uno de ellos, que luego sabríamos se llama René Silva,
comienza a resoplar mientras nos mira amenazante. Dato curioso pero
premonitorio: Cinco de ellos han tenido que toparse con las autoridades y no
creen en la honestidad de los oficiales de la ley.
Al leerse el nombre de José
Basulto René Silva salta agitado y dice conocerlo. Repite al ser nombrado
Arnaldo Iglesias, y ya no oculta su rabia mientras sigue mirando hacia
nosotros. El abogado Paul McKenna, que representa a Gerardo Hernández, pide a
la jueza un conciliábulo de las partes, llamado en la jerga de la corte “side
bar”.
Paul explica que el señor
Silva puede explotar de un momento a otro, contaminando al grupo. La fiscal –a
la que Silva le ha estado resoplando en el pescuezo- se hace la chiva con
tontera y dice que no ha notado nada. Se llama al señor al “side bar” y avanza
agresivo, mientras un alguacil se ha situado entre él y nosotros: -Míster
McKenna, yo sé que usted se está muriendo porque yo estoy en el panel. Lo
siento. Estoy por esto muy emocionado desde ya. Estaré feliz de contestar a
cualquier pregunta” .
Sin que se le pregunte explica
que fue director de la Fundación Nacional Cubano Americana, que ha realizado
investigaciones sobre el caso y que tiene opiniones muy fuertes. Se le excusa
de servir en el jurado.
El procedimiento termina a las
6 de la tarde y regresamos exhaustos al piso. Los cubanos que “corren” la
unidad nos han guardado el pollo de la comida, lo cual agradecemos de corazón
por ser este un artículo que les hubiera reportado utilidades, si se hubieran
decidido a venderlo.
4 de diciembre de 2000.
Ese lunes llegamos a la corte
con la expectativa de si la alerta de El Nuevo Herald modificará la conducta de
los potenciales jurados. No nos toma mucho tiempo para descubrir que nuestros
peores vaticinios se han cumplido con creces. Anoto en mi diario:
“Se le pudiera llamar el
desfile del odio. De las once personas que responden el cuestionario, ocho eran
cubanas, cuya principal preocupación parece ser si ahorcarnos o ponernos en la
silla eléctrica. Lo más curioso es que, por sus edades y su biografía, ni siquiera
pueden recordar el barrio en que vivieron en Cuba, pero se saben al dedillo las
lecciones que una y otra vez repite la radio “cubana” de Miami. La más original es una que dice que debían ponernos en
una cárcel en Cuba. Por poco saltamos todos en nuestros asientos (¡Sí, sí, por
favor señora jueza!). Otro infeliz dice temer por su familia en Cuba si se da
un veredicto de culpabilidad. Otra: “All the way with the USA”. Más “American”
que un McDonalds y habla de los cubanos como si fueran extraterrestres. En fin,
un desastre. Para colmo entre los cuatro no cubanos, un venezolano parece
querer tomar en nosotros la revancha contra Chávez, y una señora de Georgia
estaba rodeada de cubanos. Por suerte quedan una señora de color que parece
bastante justa y un filipino.
Lo peor del caso es que todos
los cubanos parecen influidos por los artículos que escribió Rui Ferreira en El
Miami Herald, para advertirles: “¡Cubanos, dejen la bobería o se quedan fuera
del jurado!” Los aludidos comenzaron a hacer cierta una caricatura que se le
ocurrió a Many días antes, y todos, con tremenda tranquilidad, “podían ser
imparciales”. O sea que se cumplieron nuestras aprensiones.
Por su parte la jueza parece
darles una ayudita. Una que tenía tres tíos de la brigada 2506 y “podía
ser imparcial” no es considerada excluible por causa. Sólo basta que alguien
balbucee que sería justo y la exclusión por causa no tiene lugar.
La sesión termina a las 2:00
p.m. con un sabor bastante amargo, pues en sólo unas horas nos vemos sin apenas
retos perentorios con qué contar, contra tanta gente que nunca será justa al
juzgarnos. Pero nos retiramos a almorzar con la tranquilidad de siempre, en medio
de bromas y con los mismos deseos de seguir luchando con que nos habíamos
levantado ese día”.
Gerardo se inspira y nace la
siguiente caricatura. Recreación de la que él había creado cuando esta
posibilidad era sólo una premonición, a propósito de la insinceridad de algunos
de los primeros panelistas:
En la tarde las cosas se
arreglan un poco, pasada la resaca del toque a degüello en el Herald. El día
termina con un grupo de veinte candidatos aprobados, incluyendo a los que por
la mañana habían venido de soga y cuchillo a declararse “imparciales”.
La defensa pide ampliar en
tres sus vetos perentorios en razón del aborrecible espectáculo de la mañana.
Innecesario decir que la fiscalía se opone. Manteniendo las proporciones que
dicta la ley la jueza nos da tres retos perentorios, de antemano quemados, y aumenta
los de la fiscalía en dos, que los fiscales nunca necesitarán de todos modos.
Los fiscales introducen
entonces un elemento que dará para algún espacio en estas líneas: El racismo.
Hay una negra que ha sido
aprobada en el panel, pero ahora la fiscalía aduce que no puede servir de
jurado porque ¡Toma pastillas para la migraña dos veces al mes! La Jueza obliga
y los fiscales ya comenzarán el proceso de retos perentorios anulando la
concesión que nos hiciera la jueza minutos antes. Como si les hiciera falta.
5 de diciembre de 2000.
Comienza la sesión matutina
con diez panelistas, de los cuales cinco son aceptados para formar el grupo
definitivo del que saldrá el jurado. Ya suman los cuarenta y nueve que se
necesitan para que cada parte aplique sus retos perentorios y queden como
residuo los doce jurados con los cuatro suplentes.
Pero antes de que vayamos al
almuerzo saca otra vez la garra el racismo de la fiscalía: Otra señora negra,
Bridgette Hanies, es objeto del encono de los fiscales porque “llegó tarde a la
audiencia”. Esta vez la maniobra no prospera y los fiscales tendrán que usar
uno de los retos perentorios que de todos modos les sobran para eliminar a la
señora Hanies.
La sesión de la tarde se
dedicará a la selección definitiva del jurado que nos juzgará. Reproduzco de mi
diario:
“Este proceso es interesante y
aunque parece que hay varias maneras de hacerlo, sólo conozco la que se aplicó
en nuestro caso y que te describo a continuación.
La jueza va leyendo, uno
a uno, los nombres de quienes quedan en la lista, y cada parte va diciendo si
lo acepta o si lo veta, lo cual en el lenguaje oficial es un “reto perentorio”
o una “recusación sin causa”. Las partes tienen la primera palabra
alternativamente, de manera que si la defensa tiene la prioridad en cada nombre
impar, la fiscalía lo tiene en cada par. Las personas que no son vetadas por
alguna de las partes son las que quedan en el jurado y el proceso termina
cuando se tienen las doce, repitiéndose entonces con los cuatro suplentes,
respecto a los cuales cada parte tiene dos vetos perentorios.
Es un ejercicio de táctica y
estrategia que sería divertido si no estuviera en juego el “pescuezo” propio.
Porque cada parte prepara su lista de vetos; y también la de quienes le parecen
peligrosos, para aplicarles el veto que quede a su disposición, en caso de que
la otra parte haya ejercido ese derecho sobre algún nombre que, desde ya,
hubiera estado en la lista propia, lo cual significa que la parte opuesta le
ahorra un veto.
Se decide que el gobierno ejerza primero con
los impares y la defensa con los pares:
El primer candidato, Gil Page,
aceptado por ambas partes.
El segundo candidato, David Bucker, aceptado
por ambas partes.
El tercer candidato, Steven
Gair, vetado por la fiscalía.
El cuarto candidato, María González, vetado
por la defensa.
El quinto candidato , Diana
Barnes, aceptado por ambas partes.
El sexto candidato, Marco Barahona, eliminado
por la fiscalía.
El séptimo candidato, Joseph Paolercio,
eliminado por la fiscalía.
El octavo candidato, Laverne Greene, eliminado
por la fiscalía.
El noveno candidato, Ileana Briganti, vetado
por la defensa.
El décimo candidato, John Gómez, vetado por la
defensa.
El onceno candidato, Sonia Portalatín,
aceptado por ambas partes.
El duodécimo candidato, Lázaro Barreiro,
vetado por la defensa.
El decimotercer candidato, Belkis Briceño,
vetado por la defensa.
El decimocuarto candidato, Omaira García,
aceptado por ambas partes.
El quinceavo candidato, Michelle Peterson,
vetado por la fiscalía.
El decimosexto candidato,
Elthea Peeples, aceptado por ambas partes.
El decimoséptimo candidato,
Louise Cromartie, vetado por la fiscalía.
Los abogados de la defensa se
dan cuenta de que la fiscalía está siguiendo un patrón racial, al tratar
de eliminar a la mayor cantidad de negros; y McKenna, hablando en nombre de los
cinco abogados, pide un aparte para conferenciar con ellos. Al parecer deciden
no objetar por el momento, y esperar a ver si el patrón se mantiene.
El decimoctavo candidato,
Wilfred Loperena, aceptado por ambas partes.
El decimonoveno candidato,
Kenneth McCollum, vetado por la fiscalía.
…Otro negro más, en este caso
un oficial de correcciones, de quien, en todo caso, se podía esperar que fuera
preocupación de la defensa. McKenna explica a la jueza que la fiscalía está
siguiendo un patrón racial, al haber sacado cuatro de seis negros, y pide que
la fiscalía dé una explicación no racial de por qué ha excluido a los dos
últimos: una señora mayor de credenciales impecables y un oficial de
correcciones, también sin un elemento negativo para la fiscalía.
Los fiscales objetan, pero la
jueza decide que se escuche la reclamación de McKenna, dando lugar a un
conciliábulo bastante prolongado en la mesa de la fiscalía.
Tras mucho deliberar, explican
que la señora Cromartie viajó a Cuba en los años 60, que no está de acuerdo con
la política de inmigración de Estados Unidos que favorece a los cubanos por
sobre otras etnias y que cuando respondió a los cuestionarios de la jueza se
cruzó de brazos y no la miró de frente.
Paul responde diciendo que
otros jurados con más fuertes objeciones a la política migratoria, como el
señor Paolercio, no habían sido objetados por la fiscalía, pero la jueza
encuentra que se han expuesto razones racialmente neutrales y excusa a la fiscalía.
Por su parte, la fiscalía
explica el veto al señor McCollum diciendo que como era oficial de prisiones
tenía relaciones con presos, por lo que no lo quería en el jurado.
Paul aduce que en los días
anteriores, cuando un oficial de prisiones, que incluso había tenido contacto
con nosotros, explicó esta relación, la fiscalía se había opuesto fuertemente a
que se le excusara, lo cual contradecía lo que ahora estaba planteando contra
McCollum. De todos modos, la jueza vuelve a excusar a la fiscalía y acepta su
explicación como racialmente neutral.
Y sigue la puesta en escena…
El veintavo candidato, Morton
Lucoff, vetado por la fiscalía.
El vigésimo primer candidato,
Florentina McKain, vetado por la defensa.
El vigésimo segundo candidato,
John McGlamery, vetado por la defensa.
El vigésimo tercer candidato,,
Richard Campbell, aceptado.
El vigésimo cuarto candidato,
Queen Lawyer, vetado por la fiscalía.
Otra persona negra y McKenna
no perdona, se para y pide que la fiscalía dé una explicación racialmente
neutral para el veto.
La fiscalía encuentra una
razón algo más plausible en este caso: la señora tiene un sobrino que fue
convicto, y no cree que fue tratado con justicia por el sistema legal. La jueza
acepta la explicación y se prosigue:
El vigésimo quinto candidato,
Jesse Lawhorn, vetado por la defensa.
El vigésimo sexto candidato,
Bárbara Pereira, vetado por la defensa.
El vigésimo séptimo candidato,
Angel de la O, vetado por la defensa.
El vigésimo octavo candidato,
Lilliam López, vetado por la defensa.
El vigésimo noveno candidato,
Juanito Millado, aceptado.
El trigésimo candidato,
Migdalia Cento, aceptado.
El trigésimo primer candidato,
Miguel Hernández, vetado por la defensa.
El trigésimo segundo
candidato, Hugo Arroyo, vetado por el gobierno.
El trigésimo tercer candidato,
Leilani Triana, vetado por la defensa.
El trigésimo cuarto candidato,
Sergio Herrán, aceptado.
El trigésimo quinto candidato,
Rosa Hernández, vetado por la defensa.
El trigésimo sexto candidato
-una señora negra- es aceptado por la defensa; los fiscales piden un momento
para deliberar, pero se dan cuenta de que se han quedado sin retos perentorios
que ejercer: “Aceptamos a Ms. Vernon”. Y la señora Debra Vernon se convierte en
el duodécimo miembro del jurado que nos juzgará, el cual es ratificado por las
partes y la jueza. Ahora comienza la selección de los cuatro alternos:
El trigésimo séptimo
candidato, Haydée Duarte, vetado por la defensa (ésta es la que tenía tres tíos
que fueron a Playa Girón, pero aún así se declaraba imparcial).
El trigésimo octavo candidato,
Wanda Thomas, vetado por la fiscalía.
McKenna al ataque. Otra
persona negra ha sido vetada por la fiscalía y Paul pide que se explique
la razón. La fiscalía dice que la señora tenía los brazos cruzados durante el
cuestionario y contestaba con monosílabos a las preguntas de la jueza; añade
que nació en Panamá y que el acusado Antonio Guerrero tiene un hijo de mujer
panameña. La jueza acepta la explicación de la fiscalía y Wanda Thomas es
excluida del jurado por falta de locuacidad y por panameñismo.
Este es un fenómeno curioso y
demuestra cómo subyace el racismo en esta sociedad. Todos saben en la sala que
las motivaciones de la fiscalía son racistas, pero la jueza tiene que mantener
un equilibrio y está en una situación comprometida. No es fácil exponer el
juicio a tintes raciales, y aceptar lo que se esconde detrás de los vetos de la
fiscalía; por otro lado, privar a cada una de las partes de un derecho como lo
es el reto perentorio, llevaría al caos. Aunque sus decisiones en este caso
pudieran ser en detrimento nuestro, me parece reconocer que tienen el
salomónico motivo de evitar males mayores.
Seguimos eligiendo a los
jurados alternos:
El trigésimo noveno candidato,
Eugene Yagle, aceptado.
El cuadragésimo candidato,
Luis Fernández, vetado por la defensa.
Ahora la fiscalía a la
riposta; todos los jurados de origen cubano han sido vetados por la defensa y
la fiscalía quiere una explicación sobre la razón del veto a este joven, que
apenas ha expresado tener opiniones sobre algo.
Blumenfield devuelve la jugada
a la fiscalía y refiere que el muchacho expresó dudas sobre si creería a un
testigo que fuera oficial del gobierno cubano o miembro del Partido Comunista.
Y añadiendo ironía a la jugada, dice que el joven estaba usando una gorra de
pelotero y se sentó jorobado, lo cual indicaba poca atención al caso.
McKenna agrega a su vez que ve
un problema de credibilidad, pues, siendo de origen cubano, dice no tener
ninguna opinión sobre Cuba, y eso le parece extraño.
La jueza termina aceptando las
razones de la defensa.
Todos en la sala saben que, en
efecto, los jurados de origen cubano han sido excluidos, porque han expresado
abrumadoramente prejuicios en contra nuestra, y porque, además, la nacionalidad
cubana desempeña realmente un rol específico en este caso, a diferencia de la
raza. La jueza continúa:
El cuadragésimo primer candidato, Odornia
Homuska, vetado por la fiscalía.
Otra mujer negra y McKenna en
pie una vez más. La fiscalía aduce razones de lenguaje y, de nuevo, que la señora
es monosilábica. A decir verdad, creo que las razones de lenguaje son válidas.
La jueza acepta y la señora Odornia se libra de servir en el jurado.
Después de haber agotado cada parte sus vetos
perentorios en el jurado alterno, los tres candidatos siguientes pasan al panel
final. Son Miguel Torroba, Marjorie Hahn y Beverly Holland, quienes se
convierten en alternos dos, tres y cuatro respectivamente.
Es la 1:30 de la tarde cuando ya tenemos un
jurado de verdad, como en las películas. La jueza da las gracias a todo el
mundo por el esfuerzo realizado en los últimos largos días; menciona a los
letrados de ambas partes, al personal de la sala, al taquígrafo y a las
traductoras; en fin, a todo el mundo menos a los que más madrugamos, es decir
los alguaciles federales y los defendidos, quienes nos marchamos de la sala
compartiendo en fraternidad la desgracia común del olvido de la jueza. Aunque
estamos exhaustos, se nos informa que tenemos que esperar en las
celdas-perreras hasta que venga la orden de la Corte. Nos dicen que mientras no
localicen a las dieciséis personas del jurado no podemos irnos”.
De regreso a la corte nos
enteramos de que hay problemas personales en dos de los jurados y se impone un
ajuste. La jueza propone vaciar los dos espacios y dar un reto perentorio a
cada parte, cosa que la defensa acepta. El problema es que la fiscalía tiene
otro negro que linch…perdón, eliminar. Un señor de aspecto realmente respetable
nombrado Louis Harrel. Como no hay acuerdo la jueza decide que se entrevistará
con los jurados que tienen problemas antes de que comiencen los argumentos
iniciales, y luego tomará una decisión.
Crónica de una parodia anunciada
(4):
6 de diciembre de 2000. (Página
104).
Cumple de Elián. 27 de
noviembre.
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